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miércoles, octubre 26, 2005

Objeción de conciencia y sensibilidad jurídica

Artículo de Rafael Palomino
Universidad Complutense de Madrid

(texto aquí)
La pasada semana, la prensa se hacía eco de la petición de Doña Isabel López García-Nieto, secretaria judicial, de ser apartada de la tramitación de dos expedientes de matrimonios de personas del mismo sexo, fundamentando su solicitud sobre la base de su "legítima objeción de conciencia".
De esta sencilla manera, una legislación que en apariencia venía reclamada por la libertad (la del matrimonio de personas del mismo sexo) es contestada desde la libertad (la conciencia de una ciudadana). O sea: que cada cual haga de su “matrimonio” lo que quiera, pero que —para eso— no me hagan hacer a mí lo que no quiero.
A la petición de Doña Isabel López García-Nieto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contestó que no existe causa legal de abstención y que se atenga a las normas procesales vigentes y, en caso contrario, a las consecuencias de su eventual incumplimiento.
Alguien podría pensar que Doña Isabel ha perdido su breve batalla frente al omnipotente Estado. Pero el combate ni siquiera ha comenzado.
Desde el punto de vista jurídico, la contestación dimanante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es una sentencia. Es un acto administrativo. Todavía hay recursos y tribunales.
Desde el punto de vista táctico, hasta el momento cada parte se ha limitado a “definir” la contienda sobre el terreno. A un lado del cuadrilátero, Doña Isabel, definiendo los linderos —el respeto a la libertad de conciencia— que el Derecho no debe traspasar para no convertirse en fuerza bruta, en tiranía reglamentada. Al otro lado del cuadrilátero, el Tribunal Superior de Justicia, notificando lo que ya sabíamos, a saber: a) que la ley es la ley, b) que en la ley no aparece que usted pueda abstenerse, c) luego que si usted se abstiene eso no es legal.
A esta España decente, le acaba de salir una fea espinilla llamada “conciencia”: Una persona examina los hechos respecto de los cuales se le pide actuar, con la intención de obrar rectamente; estima que no puede realizar esa conducta que considera contraria a su conciencia; y expone sus motivos, prefiriendo ser sustituida para no violentar sus principios.
¡Ojo! Doña Isabel pide sencillamente que la sustituya otro secretario. No quiere poner en el paredón a todos los que desean contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo. Ni incendiar la Moncloa. Tampoco creo que Doña Isabel se vaya a dedicar a obstaculizar la labor del secretario o secretaria que le sustituyera (esconder los bolis, el papel, inocular virus en el ordenador…)
Y es que la objeción de conciencia es así: es un fenómeno estadísticamente minoritario, normalmente omisivo, silencioso y, sobre todo, pacífico.
¿Tan difícil resultaba incluir en la Ley Orgánica de modificación del Código Civil en materia de matrimonio, una cláusula de conciencia para encauzar de forma serena y no traumática esta situación?
¿Qué aparentes problemas jurídicos podrían presentarse para reconocer la objeción de conciencia de esta Secretaria judicial?
Primero, su carácter minoritario. Sin embargo, sería precisamente el respeto a las minorías lo que llevaría a que se reconozca y ampare la objeción de conciencia no sólo cuando sea alegada por “muchos” (entiéndase también votos), sino también cuando quien objeta es una sola persona…
Segundo, que su objeción no está expresamente prevista en las leyes. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional, refiriéndose a una forma de objeción no prevista legalmente —la objeción de conciencia al aborto—señala: «por lo que se refiere a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida por el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».
Tercero, que el problema radique precisamente en que el objetor es un servidor público. Algunos Estados han entendido que éste es un límite infranqueable para reconocer la objeción de conciencia. Otros Estados no. Así, por ejemplo, en Norteamérica se ha permitido que los inspectores fiscales no entren a auditar, por motivos de conciencia, a organizaciones abortistas a los efectos de determinar si son entidades sin ánimo de lucro.
Tal vez el problema sea, en fin, de tolerancia, de apertura de mente, de “elegancia” jurídica. Este caso de objeción de conciencia, como tantos otros, no es cuestión de “palo y tente tieso”. Parte de la autoridad y del prestigio de la ley viene también de su flexibilidad. Como advertía el politólogo francés Freund, la manera en que se hace obedecer —y la forma del orden resultante— pueden o bien vivificar, o bien deteriorar, la autoridad del Estado…
Da la impresión de que estas cuestiones de matiz, para el laicismo totalitario, no cuentan. Quiere, a toda costa, su grano de incienso. Como los emperadores solicitaban ese grano de incienso a los “ateos” cristianos.
¿Por qué no romper en España una nueva lanza a favor de la integración de las disidencias minoritarias, pero respetuosas con el orden establecido? ¿Tan difícil resulta hacer de la democracia —como decía un jurista italiano— “la casa común de todos” —no solo de unos pocos?

Rafael Palomino
Universidad Complutense de Madrid

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